Recomendaciones para la conservación de la Flora y la Fauna Venezolana por áreas:

1.    Residuos y Desechos Sólidos

· Establecer nuevas plantas de transferencia, que contribuyan con el manejo apropiado de los desechos, como punto intermedio entre los sitios de recolección y centros de disposición final.

· Dotar a las ciudades con la infraestructura apropiada para manejar sus residuos y desechos, incluyendo sistemas que permitan separar desde la fuente aquellos que puedan ser reciclados o requieran un tratamiento especial. Asimismo, deberían incluirse sistemas de transporte apropiados, con personal debidamente capacitado, plantas de transferencia bien equipadas y rellenos sanitarios diseñados y administrados con estrictos criterios técnicos y ambientales.

· Establecer una estructura operativa funcional que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Las empresas privadas deben incrementar su capacidad para recolectar y tratar los residuos, y el gobierno nacional debe evaluar el establecimiento de incentivos con ese objetivo.

· Manejar los residuos y desechos de acuerdo con su naturaleza (doméstica, industrial, agrícola, hospitalaria, tóxica y peligrosa, entre otros), garantizando que los mismos se gestionen sin poner en peligro la salud y el ambiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

· Iniciar un programa masivo de reciclaje municipal, comenzando por residuos orgánicos e inorgánicos en una primera etapa, para luego ir contemplando otros residuos, disminuyendo la cantidad de materiales que son depositados en rellenos sanitarios sin promover su aprovechamiento.

· Reglamentar la Ley de Gestión Integral de la Basura, y actualizar las normas técnicas que servirían de soporte en materia técnica, legal y penal.

· Desarrollar ordenanzas que permitan sensibilizar, persuadir y hasta penalizar de conformidad con la Ley Penal del Ambiente, a aquellos usuarios y usuarias reincidentes en hechos relacionados con la mala disposición y/o manejo de residuos. La contraloría social es fundamental en este aspecto, así como una gestión oficial coordinada y transparente con otros niveles e instancias del estado.

· Fortalecer a los Jueces de Paz o a los Tribunales del Municipio en la materia anterior, para descongestionar la jurisdicción penal ordinaria.

· Realizar de manera transparente, y basado en criterios de experiencia técnica comprobada, la asignación y administración de las concesiones en el manejo de los residuos y desechos sólidos, garantizando el cumplimiento de las contrataciones y asegurando un servicio de calidad.

2.    Biodiversidad

· Promover la permanente actualización de los inventarios de flora, fauna, paisajes y ecosistemas, patrimonio natural de todos los venezolanos, con miras a valorar el ambiente y sus necesidades de conservación. La Contraloría General de la República debe considerar que, en sus inventarios de bienes y servicios del país, los recursos naturales, activos y pasivos, deben ser incluidos en las cuentas nacionales.

· Promover la aplicación de la estrategia de conservación de la biodiversidad y su plan de acción, impulsando su debida actualización con la participación de los principales actores en la materia.

· Controlar el comercio ilegal de animales y plantas silvestres, en particular en las carreteras nacionales en las cuales pareciera ser una práctica habitual. Estas acciones pueden complementarse mediante un intenso programa de educación de la población en general para combatir el comercio ilegal de aves de canto y ornato, orquídeas, bromelias, mamíferos para mascotas como monos y perezas, además carnes de cacería en restaurantes y centros gastronómicos.

· Promover la realización de eventos científicos de amplio alcance y alto nivel, con profesionales de todo el país, a los fines de intercambiar información sobre biodiversidad fundamental para su valoración, conservación y manejo, y emprender acciones conjuntas entre los principales actores para completar los vacíos que pudieran existir por taxones o grupos claves de especies.

3.    Ordenación y Ocupación del Territorio

· Prohibir y/o eliminar la ocupación del territorio en zonas inestables y proponer soluciones habitacionales seguras y ecoeficientes. Los riesgos de inundaciones y/o deslaves están siempre presentes y deben ser atendidos con responsabilidad, incluyendo la educación preventiva en situación de sismos, tormentas y otros fenómenos naturales.

· Propiciar la desconcentración de los centros urbanos y centros industriales con mayores problemas ambientales, creando las condiciones necesarias para que la migración dirigida contemple una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, incluyendo todos los servicios básicos requeridos, y los servicios públicos administrativos que sólo suelen concentrarse en las principales ciudades.

· Controlar las invasiones, en particular dentro de áreas protegidas, que atentan contra la preservación de los procesos ecológicos esenciales, sus fenómenos evolutivos, y la flora, la fauna y el paisaje en general.

4.    Agua

· Elaborar y promulgar el reglamento a la Ley de Aguas, basado en una amplia y sustantiva consulta a todos los sectores de la sociedad venezolana, comprometidas con los temas ambientales.

· Impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel municipal, con miras a disminuir el impacto que las aguas residuales ocasionan sobre los distintos cuerpos de agua del país. Los esfuerzos adelantados por las autoridades a nivel nacional lucen insuficientes y deben ser fortalecidos.

· Desarrollar programas técnicos de control de la calidad de los cuerpos de agua del país, pues en la actualidad los mismos se concentran fundamentalmente en las playas y balnearios de ríos y lagos, sólo en temporadas vacacionales, cuando deberían desarrollarse programas intensivos en ríos, riachuelos, lagos y lagunas de todo el país y durante todo el año.

· Promover la gestión integrada de los recursos hídricos, a fin de sistematizar el desarrollo, asignación y monitoreo del uso del agua, en el contexto de los objetivos sociales, económicos y ambientales. Especial énfasis debe hacerse en la función predictiva y de gestión que asegure la inversión necesaria para su mantenimiento y desarrollo, así como también en el diseño, planificación y aplicación de los fondos de agua.

· Fortalecer el manejo de las cuencas hidrográficas como la instancia fundamental de la gestión de los recursos hídricos del país, por medio de planes estratégicos y operativos debidamente consensuados con los principales actores, contando con la tecnología necesaria para su seguimiento a nivel ecorregional, especialmente para monitorear su caudal y calidad.

· Impulsar nuevas formas de aprovechar el agua, realizando las inversiones necesarias para modernizar los sistemas de transporte y distribución, a fin de evitar pérdidas y tomas ilegales.

5.    Educación y concienciación ambiental

· Impulsar el desarrollo de campañas de sensibilización e información ambiental que contribuyan a valorar el agua y la energía, a fin de reducir el consumo excesivo de ambos recursos.

· Promover la educación de la ciudadanía para valorar la importancia de un buen manejo de los residuos, disminuyendo la generación desde la fuente, reciclando tanto como sea posible y disponiendo apropiadamente los residuos y desechos, para su debido tratamiento por las instancias competentes. Asimismo se propone impulsar programas de clasificación selectiva de residuos desde los condominios, y desarrollo de programas municipales masivos en coordinación con las Asociaciones de Vecinos y los Consejos Comunales.

· Promover y empoderar la organización y la participación ciudadana a fin de fortalecer la contraloría social de la gestión ambiental. Ciudadanos altamente sensibilizados, formados e informados, podrán impulsar un comportamiento más responsable de las autoridades, las empresas, los medios de comunicación y la comunidad en general.

· Promover la activa participación de los consejos comunales y las asociaciones de vecinos en la gestión ambiental como entes fundamentales de la contraloría social, hacia una administración transparente y compartida, donde se estimule y premie a los funcionarios capaces y responsables, se penalice a los culpables y se documenten las infracciones en forma permanente y ejemplarizante, en fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley Penal del Ambiente vigente.

· Promover una mayor participación de las comunidades no organizadas en mesas de trabajo para la solución de sus principales problemas ambientales, y las acciones en defensa de su entorno saludable que pueden ser emprendidas desde el hogar, la escuela o el trabajo. El fortalecimiento de la labor de las parroquias y los municipios en esta materia es fundamental.

· Promover una educación ambiental orientada a disminuir el consumo de bienes y servicios, formando valores, conocimientos y conductas, cónsonos con la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.

· Asignar personal y profesionales expertos en la materia ambiental, en las instituciones promotoras y divulgadoras de programas ambientales.

6.    Ecoeficiencia

· Impulsar los planes y programas de adecuación ambiental de los sectores de la pequeña, mediana y gran industria, públicos y privados, a los fines de promover la adopción de mecanismos de producción y desarrollo limpios.

· Desarrollar programas de ecoeficiencia orientados a promover una cultura administrativa en la que se haga un uso racional del agua y la energía, y se disminuya de manera significativa la generación de residuos. Esto puede aplicarse desde un condominio y hasta un organismo público o una empresa.

· Impulsar la construcción de viviendas con criterios de sustentabilidad, que combinen materiales de gran durabilidad, resistencia y bajo costo, e incentiven el uso de la luz y la ventilación natural, el ahorro en el consumo del agua y la energía, y el manejo apropiado de los residuos sólidos que genere su construcción, ocupación, adecuaciones en uso o demolición- transformación, al final de su vida útil.

7.    Energía y Transporte

· Continuar los programas de ahorro energético, impulsando la creación de mesas técnicas que permitan a los ciudadanos expresar sus ideas e inquietudes y llegar a consensos, incluyendo a los sectores productivo, académico, ONG y medios de comunicación social. Los programas de ahorro deben diseñarse e instaurarse en coordinación con los principales actores, sin comprometer el crecimiento y desarrollo de la economía, y la atención de las necesidades básicas de la población.

· Impulsar el uso de energías alternativas o verdes, disminuyendo el uso de sistemas de generación energética altamente contaminantes, basados en combustibles fósiles. Evitar el uso de la energía nuclear, que aunque puede considerarse limpia, el manejo de sus residuos y desechos contemplan acciones y metodologías que requieren estrictos controles, debido a su alta peligrosidad. · Mejorar las condiciones del transporte público actual, cuyo parque automotor tiene en promedio 15 años, y muchos de los cuales no cuentan con los sistemas de mantenimiento apropiados, generando emisiones y ruidos molestos, entre otros problemas.

· Promover la creación y desarrollo de sistemas masivos de transporte impulsados por energías limpias, evitando la generación de toneladas de gases que contribuyen al incremento del efecto invernadero y que por lo tanto permitan mitigar la congestión de las vías públicas por la creciente densidad vehicular.

· Evaluar alternativas para descongestionar el tráfico de las principales ciudades del país, mediante el establecimiento de canales de flujo y contra flujo, planes de parada selectiva por día y placa, uso compartido de vehículos y uso de horarios escalonados para favorecer la descongestión del tránsito terrestre.

· Continuar y fortalecer el programa de reconversión vehicular a gas, masificando los sistemas de distribución del combustible que siguen siendo escasos en las principales ciudades.

8.    Financiamiento

· Crear el Fondo Nacional del Ambiente, con aportes públicos y privados, que permita el desarrollo de proyectos y programas locales, regionales y nacionales, con la activa participación de la ciudadanía, las ONG, las universidades y las empresas e instituciones del gobierno. Este fondo debería ser administrado de forma independiente, mediante la creación de un consorcio creado para tal fin, y que pueda ser auditado por entes externos a la institución.

· Asignar un presupuesto justo para la gestión ambiental in situ, en particular para el manejo y conservación de las áreas protegidas, a fin de que Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre, cumplan con los objetivos de su creación, es decir, la preservación de la flora, la fauna, los paisajes, las fuentes de agua y los demás bienes y servicios ambientales, fundamentales para el desarrollo sustentable del país.

· Generar mecanismos autosustentables para los centros de conservación ex situ como Jardines Botánicos, Zoológicos y Acuarios, que garanticen el desarrollo de programas de cría o reproducción en condiciones controladas, además de asegurar espacios para el desarrollo de iniciativas educativas y recreativas para la ciudadanía.

· Impulsar la creación de incentivos positivos a la conservación, mediante el desarrollo de tasas o impuestos a algunas actividades capaces de degradar el ambiente, o de estímulos fiscales a quienes desarrollan programas ambientales por encima de las normas establecidas.

9.    Legislación Ambiental

· Actualizar aquellas leyes ambientales que requieran una revisión técnica por el tiempo que ha transcurrido desde su declaratoria. Un cuadro resumen sobre esta materia ha sido incluido al principio de esta Sección en el presente documento.

· Promover la difusión y el conocimiento de las leyes ambientales vigentes, empoderando a las comunidades a exigir a las autoridades municipales, estatales y nacionales su cumplimiento, a favor de su derecho constitucional de disfrutar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. La Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, deben ejercer un papel importante en la divulgación de la materia ambiental.

· Impulsar el conocimiento sobre los deberes y derechos ambientales de los venezolanos en todo el sistema educativo escolarizado, formal y no formal. Conociéndolos y manejándolos, podremos impulsar un nuevo modelo de ciudadanía más responsable en lo ambiental.

· Insistir en la creación de la Jurisdicción Especial Ambiental dentro de la estructura judicial del país, a los fines de reconocer el Derecho Ambiental como disciplina autónoma y procedural, debido a su especial materia y en atención a la tutela judicial ambiental efectiva, idónea y eficaz que aún requiere Venezuela.

· Promover la participación de las Fiscalías Ambientales en el desarrollo de actividades que promuevan la conservación del ambiente.

10. Otras propuestas generales

· Conciliar el potencial de nuestros recursos naturales con la capacidad para generar riqueza, sin menoscabo de su abundancia y calidad, con un inmenso potencial para propiciar la equidad y la justicia social.

· Mayor compromiso para atender los problemas ambientales por parte de las entidades gubernamentales, las ONG, el empresariado y las propias comunidades. Las ONG ambientales deberían incluir dentro de sus actividades prioritarias la atención a las comunidades para que se incorporen a la solución de estos problemas. Las empresas privadas por su parte deben ampliar su inversión social a la atención de los problemas ambientales locales, y no sólo en sus áreas de influencia, además de adecuar su actuación a la ecoeficiencia y la producción limpia, según sea el caso.

· Propiciar una agenda de país a diez (10) años, sin excluidos ni excluyentes, que identifique los problemas fundamentales en el sector ambiental para proponer soluciones, en donde cada sector de la sociedad entienda y se comprometa a cumplir con su responsabilidad en la solución. Si los problemas no están suficientemente claros, las soluciones nunca llegarán.

 · Impulsar la organización social que promueva la atención de sus propias necesidades, y mejore la crítica situación económica y social del país, superando el centralismo en poder del Estado y el acceso a oportunidades en las que las comunidades puedan gestar y confiar su propio desarrollo. No se trata de repartir lo que hay, sino de aprovechar de manera sustentable lo que tenemos.

· Retomar la realización de los congresos nacionales de conservación, en los que diversos sectores presentan sus aportes en la gestión ambiental, bien se trate de nuevos conocimientos, metodologías, acciones emprendidas o proyectos por emprender.

· Instar al Estado Venezolano, y eso incluye a todos los poderes, a la sociedad civil, al sector productivo y a la academia, a que comprendan y valoren que lo ambiental está estrechamente ligado a lo económico, lo social, lo cultural y hasta a lo político partidista, porque un ambiente sano y limpio, ecológicamente equilibrado, es la base de una sociedad moderna, con una calidad de vida digna para todos sus ciudadanos.

· Instar a los medios de comunicación social a crear y mantener espacios para la divulgación y la difusión de conocimientos que puedan ayudar a formar en valores y conductas cónsonas con la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.

· Instar a la ciudadanía para que comprenda su rol en la gestión ambiental moderna, donde cada acción trae una consecuencia o efecto positivo o negativo sobre la salud y el ambiente de todos, recordando que si cada ciudadano revisa sus comportamientos y adopta aquellos que sean más responsables, su actuación podrá redundar en un entorno más sano y equilibrado para todos, con consecuencias positivas para su región, país, y el planeta en general.